SEPARANDO LA CIZAÑA DEL TRIGO

En los últimos años, la Iglesia Católica ha enfrentado uno de los desafíos más complejos y dolorosos de su historia contemporánea: la necesidad de responder de manera efectiva, transparente y contundente a los abusos sexuales cometidos por miembros del clero y a las redes de encubrimiento que los han protegido.

Desde el pontificado de Benedicto XVI, se dieron los primeros pasos orientados a establecer sanciones claras frente a las denuncias de pederastia cometidas por miembros de la Iglesia. Tanto Benedicto XVI, como su sucesor, el papa Francisco, impulsaron numerosas reformas al Código de Derecho Canónico, para garantizar la aplicación de sanciones más eficaces.

Entre las reformas, destacan la eliminación del secreto pontificio en casos de delitos sexuales, la implementación de procedimientos administrativos abreviados para casos flagrantes, y la incorporación de criterios objetivos para determinar la sanción más adecuada según la gravedad del delito. Asimismo, se estableció la obligación de informar a los superiores jerárquicos y fiscales del Vaticano sobre cualquier acusación de abuso, así como sobre posibles omisiones en los procesos investigativos y sancionadores. Estas normas se extendieron incluso a los laicos con funciones dentro de estructuras eclesiales, como fundadores de movimientos religiosos o administradores.

En la práctica, Benedicto XVI sancionó a los fundadores de dos importantes congregaciones latinoamericanas por abuso físico, psicológico y sexual contra decenas de seminaristas, sacerdotes y jóvenes católicos. Nos referimos al mexicano Marcial Maciel y al chileno Fernando Karadima, ambos retirados del ministerio activo y confinados a una vida de oración y penitencia, que equivaldría a una forma de arresto domiciliario dada su avanzada edad y la inexistencia de recintos penitenciarios eclesiásticos.

Posteriormente, Benedicto XVI ordenó una visita apostólica a las sedes de los Legionarios de Cristo, presentes en 21 países. Esta revisión interna concluyó con la sanción de al menos 27 sacerdotes y diáconos por encubrimiento, y el inicio de reformas institucionales orientadas a prevenir futuros abusos.

Bajo el pontificado de Francisco, la respuesta eclesial a los casos de abuso se volvió aún más decidida. En 2018, tras las protestas de víctimas de Karadima por el nombramiento de Juan de la Cruz Barros como obispo de Osorno (Chile), el Papa envió una comisión investigadora compuesta por Monseñor Charles Scicluna y Monseñor Jordi Bertomeu. El resultado de dicha investigación derivó en la expulsión de Karadima del sacerdocio, la aceptación de la renuncia de Barros y de otros obispos chilenos cuyo encubrimiento fue comprobado. Ese mismo año, el Papa Francisco publicó una carta dirigida “al pueblo de Dios”, donde condenó los abusos sexuales, de poder y de conciencia, e instituyó la política de “tolerancia cero” para autores y encubridores.

Entre 2013 y 2024, Francisco sancionó a más de siete pederastas y quince encubridores en países como Irlanda, Estados Unidos, Australia, Polonia, India y Alemania. En varios casos, aceptó renuncias forzadas y expulsó del estado clerical a sacerdotes responsables.

En enero de 2019, una carta firmada por víctimas peruanas de Luis Fernando Figari llegó al Vaticano. A diferencia de otros casos, Figari era un laico católico que, en 1971, cofundó el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), una sociedad de vida apostólica integrada por laicos y clérigos. Si bien renunció a la dirección del Sodalicio en 2010, ya desde el año 2000 había denuncias públicas sobre abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos por él y otros miembros.

Entre mayo y septiembre de 2011 se presentaron tres denuncias formales ante el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Lima, que fueron remitidas al Vaticano. Investigaciones realizadas por la Comisión Scicluna–Bertomeu y por el propio Sodalicio, confirmaron la participación de Figari y otros miembros en al menos 30 casos de abuso contra menores y adultos vulnerables. En 2024, el Vaticano decretó la expulsión de Figari y de otros 14 miembros de la organización, incluido el Arzobispo de Piura, en calidad de encubridor.

En enero de 2025, el papa Francisco firmó el decreto de supresión de todas las entidades que integraban la llamada “familia Sodalite”, por falta de carisma fundacional, es decir, por carecer de un verdadero don del Espíritu Santo para el bien común de la Iglesia. Para llevar a cabo su disolución, fue designado como comisario apostólico Monseñor Jordi Bertomeu.

Dentro de este contexto, destaca especialmente la figura del entonces Obispo de Chiclayo, Robert Francis Prevost —hoy León XIV—. Desde 2018, Prevost se reunió con víctimas del Sodalicio, facilitó la llegada de sus denuncias al papa Francisco y respaldó el pedido de que la comisión Scicluna–Bertomeu se hiciera presente en el Perú. En enero de 2023 fue nombrado Prefecto del Dicasterio para los Obispos, uno de los organismos más influyentes de la Curia Romana, encargado de proponer al Papa la creación, modificación o supresión de diócesis, así como los nombramientos, renuncias y evaluaciones de obispos. En el ejercicio de esta función, Prevost jugó un rol fundamental en la expulsión de Figari, la aceptación de la renuncia del Arzobispo de Piura y la disolución definitiva del Sodalicio de Vida Cristiana.

No obstante, como ha ocurrido con otras organizaciones coercitivas, sean religiosas o no, el proceso de depuración fue acompañado por campañas de desprestigio y persecución judicial contra periodistas, denunciantes y autoridades eclesiásticas. Al igual que había sucedido en los casos de Maciel y Karadima, se desplegaron campañas de “linchamiento mediático” contra quienes expusieron, tanto los abusos sexuales, como las irregularidades financieras del Sodalicio. Varios periodistas enfrentaron allanamientos, el secuestro de sus dispositivos, el levantamiento del secreto de sus comunicaciones privadas y múltiples procesos judiciales aún en curso.

Estas campañas se dirigieron también contra Monseñor Bertomeu y el Cardenal Prevost en momentos clave: durante las investigaciones que derivaron en la supresión del Sodalicio y, posteriormente, en el contexto del cónclave convocado tras el fallecimiento del papa Francisco. Al surgir la posibilidad de que Prevost fuera elegido como nuevo pontífice, ciertos sectores laicos y clericales vinculados al Sodalicio reactivaron una denuncia por presunto encubrimiento de abusos cometidos por dos sacerdotes en la Diócesis de Chiclayo.

No obstante, esta denuncia ya había sido esclarecida públicamente por los sucesores del Obispo Prevost mediante declaraciones a la prensa y un comunicado oficial emitido en septiembre de 2024. En él se detalla que, tras la denuncia presentada por tres víctimas en abril de 2022, el Obispo Prevost adoptó medidas cautelares, retirando a los sacerdotes de sus parroquias y prohibiéndoles el ejercicio público del ministerio. Se inició además una investigación previa, cuyos resultados fueron remitidos en julio de ese año al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, competente en materia de abusos sexuales cometidos por clérigos. En abril de 2024, el obispo Prevost dejó Perú para asumir el cargo de Prefecto del Dicasterio de los Obispos en el Vaticano.

Este recorrido evidencia, tanto los avances significativos realizados en la lucha contra el abuso dentro de la Iglesia Católica, como los desafíos persistentes que enfrentan quienes se comprometen con la justicia y la reforma institucional.

Sin lugar a dudas, aún queda bastante por hacer en cuanto a la resolución de las denuncias pendientes y la aplicación efectiva de las reformas canónicas, particularmente en el contexto latinoamericano. No obstante, es importante tener presente que las disposiciones del Derecho Canónico, al igual que las leyes civiles, no tienen carácter retroactivo. Esto implica que las normas se aplican a los casos ocurridos con posterioridad a su promulgación. En consecuencia, es previsible que los efectos concretos de estas reformas requieran tiempo para hacerse plenamente visibles.